La segunda ola de la pandemia superará pronto las víctimas de la primera ola. Es una realidad, que el sistema de salud de España no estaba fortalecido para enfrentar la pandemia. Ni la salud pública estatal ni en las comunidades era lo suficientemente fuerte para hacer frente a la intensidad de esta crisis.

Así, la pandemia puso en evidencia las carencias y necesidades del sistema de salud español. Y demostró la insuficiente inversión que se ha realizado en salud pública. Además de la necesidad de hacer un replanteamiento de la legislación en materia sanitaria. Que, de alguna forma, tenga armonía con Sistema Nacional de Salud (SNS).

Ya que son tan importantes las capacidades técnicas de un país, como la tecnología con la que está dotado. Pero lo es más, el liderazgo sanitario y la confianza que deposite la población en su gobierno.

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Ya que, si faltan los medicamentos o las vacunas para controlar las contingencias, funcionen las medidas que sean necesarias imponer en salud pública, para controlar la situación. La gente debe confiar en lo que las autoridades aseveran, para que cumplan las medidas que se impongan. Como el uso de mascarillas o el distanciamiento social.

Con relación a este aspecto, en España se perdió la confianza en las instituciones sanitarias líderes del sector. Lo que de alguna manera explica por qué la población sintió incertidumbre ante la pandemia y sus consecuencias. Pues el retraso en la adopción de las medidas o el incumplimiento de ellas, fue representativo en la población.

En consecuencia, a pesar de la dureza y prolongación de algunas medidas, se realizó un control de la pandemia en forma momentánea, y se redujo la incidencia a cifras mínimas. Sin embargo, se presentó una segunda ola de la pandemia a partir de agosto y todavía se mantiene. El sistema sanitario no ha podido controlar los nuevos brotes de la COVID-19.

En definitiva, el sistema sanitario español, no tiene una estructura ni mecanismos bien definidos, que permita controlar eficazmente situaciones conflictivas. Entre los diferentes niveles sanitarios del país.

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El gobierno por su parte dio las atribuciones a las CCAA y la responsabilidad del manejo de los fondos destinados al control de la Covid-19. Destinado a financiar el aumento de los gastos en sanidad ocasionados por la crisis, sin ejercer ningún tipo de control sobre ese fondo.

Su responsabilidad, al parecer se limitó a imponer las medidas excepcionales para evitar la expansión de la enfermedad. Más no tiene nada que ver con los gobiernos sanitarios ni siquiera en la situación de pandemia actual.

Estrategia nacional para control de la Covid-19

La responsabilidad total del control de la pandemia en manos de las CCAA, hizo que se descontrolara durante el verano. Lo que genera la necesidad de adoptar una estrategia nacional contra la Covid-19. Y a la vez, declarar nuevamente estado de alarma durante 6 meses más.

En consecuencia, el gobierno y algunas comunidades autónomas están en desacuerdo público. Particularmente en lo relacionado con las nuevas medidas de confinamiento. En especial la comunidad de Madrid, desde donde se han realizado diversos enfrentamientos e introducido recursos en los tribunales.

Lo que en definitiva genera pérdida de confianza de los ciudadanos del sistema de salud, específicamente en el gobierno del Sistema Nacional de Salud español.

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Como resultado de la pandemia, también se puso en evidencia los déficits de los sistemas de información en materia epidemiológica y con relación al funcionamiento del sistema sanitario asistencial.

Lo que se manifestó específicamente en los sistemas de compras de medicamentos. Así como en la falta de mecanismos que garanticen igualdad de acceso y libre circulación de los pacientes al SNS.

Son carencias evidentes en el ejercicio de las competencias sanitarias. Por una parte, debido a la poca diligencia del estado y por otra, por la incapacidad de las comunidades de tomar decisiones oportunas y acertadas.

En consecuencia, estas carencias y deficiencias en el manejo de la situación, generan la necesidad de una nueva Ley General Sanitaria. Que permita estructurar y dar un mejor manejo al SNS.

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