La Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, regula la asistencia sanitaria en España para los extranjeros. En ella se establece que “los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria”.
Así, el último real decreto-ley puesto en marcha por el Gobierno tiene como principal objetivo rescatar la sanidad universal pública y gratuita. De manera que cualquier persona que resida en España, sea español o extranjero, tenga la posibilidad de acudir a un centro hospitalario. En el momento que padezca algún problema de salud.
De esta forma, absolutamente todos los inmigrantes se encuentran en igualdad de condiciones respecto a los españoles. Sin importar que dispongan o no de un permiso legal de residencia.
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La propuesta de real decreto-ley la presentó la ministra de Sanidad a sus homólogos autonómicos en junio de 2018.
Es la fórmula que usó Carmen Montón para cambiar el real decreto que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy. Este viejo decreto dejó a los inmigrantes que no tenían papeles legales, sin derecho a la asistencia sanitaria pública Excepto a las mujeres embarazadas, a los menores de edad o de la atención hospitalaria de urgencias para los adultos.
Sin embargo, muchas comunidades autónomas pusieron en marcha sus propios mecanismos, en la búsqueda de atender a las personas que no habían regularizado todavía su situación en España.
En este sentido, al final del Consejo Interterritorial de Salud la ministra pronunció que se trata de vincular nuevamente el derecho a la asistencia sanitaria pública. Bajo el concepto de ciudadanía y residencia. Y también la manera de desligarlo de la cotización a la Seguridad Social.
Lo cual significa que no será necesario ser titular de una tarjeta sanitaria o estar empadronado en un determinado trabajo. Cualquier persona español extranjero tiene el derecho de beneficiarse del servicio de salud pública gratuita.
Además de ampliar la cobertura para los extranjeros, las personas españolas que nunca hayan trabajado también se favorecen de esta iniciativa. Esta fue la razón por la cual los inmigrantes sin permiso de trabajo, quedaron fuera de la atención primaria hace seis años.
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Regulación de la asistencia sanitaria en España para extranjeros
Como explicó Montón, el documento aún es susceptible a sufrir modificaciones y prevé incluir en el decreto una serie de medidas para asegurar que nadie se quede sin atención médica. Mientras ésta lo necesite y que además, no se produzcan “abusos”.
La primera medida es que para que a un extranjero se le considere residente, y por lo tanto tenga acceso completo a la sanidad pública, deberá acreditar que vive en España desde hace más de 90 días. Con ello se busca evitar que extranjeros que cuentan con su propios seguros médicos, sean públicos o privados traten de hacer uso interesado del servicio.
Sin embargo, para que esta previsión no deje desatendidos a las personas que todavía no tienen los papeles en regla, el borrador también contempla que los inmigrantes cuenten con atención sanitaria pública desde el día que lleguen a España.
Para ello será necesario un informe de los servicios sociales que certifique su situación de “vulnerabilidad”. Además de que no cuentan con los recursos necesarios para acudir a una asistencia médica privada.
El documento de principios básicos también prevé que los extranjeros en situación de irregularidad paguen por los medicamentos con receta, igual cantidad que los españoles activos, el 40% del precio. Los cuales tengan ingresos inferiores a 18.000 euros.
Por otra parte, la normativa de asistencia sanitaria en España para extranjeros regula también el trasplante de órganos. En la búsqueda de derribar el turismo sanitario. De manera que para entrar en lista de este tipo de intervenciones es necesario justificar un periodo de residencia de más de dos años en el país.
En el mismo sentido, el documento solo garantizará la obtención de una asistencia gratuita completa en España. No es posible que extranjeros indocumentados de paso por España usen su tarjeta para disfrutar atención sanitaria pública en otros países de la UE.
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Unificar criterios en todas las autonomías
El único punto que acordaron con unanimidad todos los consejeros durante la reunión, fue en la necesidad de unificar en todas las autonomías los criterios para garantizar la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Ya que hasta ahora, cada una ha regulado a su manera para esquivar el decreto de 2012.
Los de gobiernos en que participa el PSOE estuvieron de acuerdo con Montón y apoyaron el cambio del decreto-ley. Lo consideraron indispensable para dar “seguridad jurídica” a la sanidad universal. Así mismo añadieron, que no es precisa financiación adicional para aplicar la reforma.
Mientras que los consejeros populares en contra, no apoyaron a Montón. Solo vieron en la iniciativa electoralismo, pues aseguran que el decreto 16/2012 ya no es un problema. Ya que todas las autonomías han resuelto la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares.
No consideran necesario reformar el decreto. Apoyan que solo basta con que ministerio y autonomías lleguen a un acuerdo para usar los mismos criterios y el mimo procedimiento. Sin embargo, si estiman que la modificación exigirá mayor financiación del Estado para atender la nueva realidad. Calculan un estimado de 1.200 millones de euros anuales.
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